El escándalo argentino



Por Orlando Novara

Aunque todos los días el tema de Odebrecht ofrece novedades la cuestión de fondo viene de antes. Hace más de seis meses la Justicia de Brasil propuso a la nuestra suscribir un convenio, que estaba condicionado a un plazo que venció el primero de junio pasado para que, con verdadero efecto legal, se pudieran revelar las pruebas de la corrupción cometida por la firma en nuestro país. Para evitar el escándalo y asegurar zonas de silencio e impunidad, desde entonces surgieron presiones contra este acuerdo. Hasta hoy se desconoce a ciencia cierta si el mismo se suscribió en tiempo y forma como para garantizar la verdad y la aplicación de las condenas que correspondan.

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El bochorno está en la calle. Se profundiza y nos acompañará durante la campaña electoral y después de ella. Lo que se ve y viene de ahora en más, son las sobreactuaciones con distintos argumentos y sofisticada simulación. Todos van a querer resignificar el escándalo a su favor y a tratar de encubrir responsabilidades frente a un eventual fracaso de lo propuesto por el juez del “mani pulite” brasileño, Sergio Moro. No vaya ser que haya fechas, pagos, montos y personas que recibieron coimas, pero no pruebas de valor legal condenatorio en la Argentina y los acusados puedan reducirlas a meras “versiones” para esgrimir su nulidad.

Al vínculo judicial con Brasil que pasa centralmente por nuestra Procuración, se agregan además las gestiones del gobierno argentino con Odebrecht, con la justicia y con el FBI de E.E.U.U. Pero toda excusa será inútil y sobrevolará la sospecha si, finalmente, no se llega a condenas efectivas. En esto último se funda la verdadera batalla en curso que se libra entre: a) una influyente minoría que quiere evitar penalidades reales con inhabilitaciones, resarcimientos económicos y, sobre todo, la cárcel y b) la absoluta mayoría de la sociedad que está tan harta de la corrupción impune como de la escurridiza y pasiva condena moral.

Es un juego de cartas marcadas y “mancha venenosa”. Más allá del inevitable ruido mediático y al margen de los políticos o miembros del poder judicial que, por acción u omisión, pudieron formar parte de la trama, se puede inferir cuales son los grupos que quedan más expuestos a la mirada pública. Como los delitos de Odebrecht ocurrieron entre 2007 y 2014, de modo ineludible hay involucrados entre los funcionarios K que durante ese período gestionaron la obra pública. Las empresas constructoras que han participado de ella, por lo mismo, son el otro sector interpelado. En el primer grupo las investigaciones golpean, entre otros y sin atenuantes, a Julio De Vido con lo que ello implica en su derivación hacia “arriba” y hacia “abajo”, incluyendo el eventual rol de protección en el área de la procuradora Alejandra Gils Carbo. En el núcleo de la construcción, por otro lado, la lupa también se desliza hacia el primo del presidente y ex titular de la constructora IECSA, Ángelo Calcaterra. Esta empresa -no casualmente vendida hace dos meses- es socia de Odebrecht en el soterramiento del tren Sarmiento donde, al igual que en otras obras, proliferaron coimas por hasta 100 millones de dólares según algunos comentarios fundados.

Por la elocuencia de los hechos que se descubren y por la fuerza que detectan para desvirtuarlos, surge con claridad que en esta contienda por resignificar los escándalos los actores estelares son el kirchnerismo y el macrismo. Los primeros aportan funcionarios venales de la “década ganada” con socios en la complicidad judicial y los segundos están condicionados por ser herederos de una saga familiar enriquecida al amparo del tráfico de influencias y las prebendas de la “patria contratista”, vulgarmente más conocidos como negociados.

Después de todo Franco Macri nunca ocultó sus negocios ni su apoyo a los “K” (aunque sí lo hace en el tema del Correo, los “Panamá Papers” y otros) y es el empresario que, al menos en parte, transfirió la administración de su fortuna a Calcaterra. Para colmo no solo se trata de parientes ya que, además, aparece en escena el amigo personal de Mauricio Macri y jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (Ex SIDE) Gustavo Arribas. Un funcionario (denunciado por un “cuevero” del país vecino) que estuvo en la mira de otra amiga, política en este caso, como Lilita Carrió. Una protagonista qué entre afirmaciones y desmentidos, difícilmente pueda sostener el casi imposible equilibrio de imparcialidad, en su doble rol de fiscal y candidata del actual gobierno.

En resumida cuenta algunos ponen el acento en los funcionarios que cobran y otros en los empresarios que pagan, como si pudiera existir lo uno sin lo otro y cuando todos están unidos por el dinero debajo de la mesa. Pero la evidencia de las pruebas (que existen y no siempre se pueden usar) corren el riesgo de perder eficacia si además hay que condenar prácticas instaladas durante décadas, mientras se asiste a un feroz lobby de funcionarios, empresarios y políticos. Esto en el contexto de una Justicia cuestionada y con un periodismo que no siempre es imparcial con las denuncias y que aun siéndolo nunca podría, como es lógico, aplicar la ley.

Con este panorama no es descartable que, detrás de la pirotecnia de confrontación, en los hechos, paradojalmente, este “duelo de titanes” esconda un implícito y solapado acuerdo de impunidad que beneficie a los que necesitan salvar la ropa. Ya no se trata del imposible juego a la escondida (tanto la Procuración como el Gobierno tardaron 5 meses en reaccionar) sino, por el contrario, de un atiborramiento de noticias que anestesie toda posibilidad de discriminar entre lo verdadero y lo falso al mismo tiempo que naturaliza la corrupción más de lo que ya está.

Sabido es que para disimular un elefante en un bazar no hay mejor forma que este se llene con más elefantes. Aunque no falten voluntarios en buscar nuevas trompas para poner a todos en la misma bolsa la misión ya casi está cumplida. Con la mancha venenosa salpicando a todo el mundo, los elefantes pueden ser tantos que pronto nadie podrá establecer quien es quien y el bazar puede desmoronarse al compás de la ley de la selva en una Argentina cada vez más tribal. Un derrotero de perplejidad, impunidad y crisis.

Pero ya se ha dicho que toda crisis puede ser también una oportunidad para tomar el toro por las astas. Los argentinos no soportan más la manipulación. Hace rato que esperan ejemplaridad en las condenas y reclaman un nuevo y categórico “punto final” para la corrupción. Cada vez está más claro que hay que discutir algo más que un sistema de licitaciones. Lo que hoy está en crisis es un modelo corruptivo de hacer negocios y de financiar la política.

Vayamos al grano. La colonización y saqueo del Estado es una vieja y conocida consecuencia del “capitalismo de amigos”. El “retorno” de proveedores y las “cajas políticas” que nunca dejaron de ser personales, son pasos de una política crecientemente secuestrada por la corrupción que, como hemos visto, hasta puede incluir el narcotráfico. ¿Pero, además, cuando la actividad política de algunos sectores es financiada por una empresa como Odebrecht o por otras corporaciones de intereses extranjeros… de que soberana autonomía y democracia podemos hablar los argentinos? Situaciones como estas solo garantizan miseria y atraso.

Debemos aceptarlo de una vez. Detrás de los sórdidos mecanismos que jaquean la legitimidad de la política se esconde la cándida ingenuidad del grueso de la población, junto a la especulativa perversión de un sector significativo de las élites. La política es un espacio de convergencia y/o confrontación de las ideas e intereses de la sociedad y, como tal, no solo es loable sino necesaria e inevitable. Pero ni por asomo es gratis y es, incluso, más cara de lo que habitualmente se conoce.

Cualquiera sabe que los “números” de las campañas se “dibujan”; que no es gente de la calle quien pone la plata y que tampoco lo hacen la mayoría de los candidatos. Cuando todo el mundo sabe que “el dinero manda” … ¿Cómo es posible que los miembros de la sociedad se desentiendan de financiarla? ¿Quién puede creer que los que ponen la “plata” (ilegal o legal) va a dejar de gobernar para sus propios intereses corporativos? Esto es una de las claves que hay que romper para que la democracia formal comience a ser más real.

Sean o no clandestinas habría que eliminar todas las contribuciones especiales de las instituciones o élites. Con los actuales recursos de la informatización no existe (fuera de la voluntad política) ningún impedimento técnico para que el costo económico de una democracia cabal se financie con una imposición individual a los ciudadanos, tan igualitaria y universal como lo es el derecho al voto. Tramitado como un impuesto específico este procedimiento debe suponer, además, que cada uno de los contribuyentes quede habilitado para elegir a que actor político destina su aporte.

La ineficiencia de los mecanismos actuales y los que se vienen discutiendo exige con urgencia el concurso de expertos para la elaboración de un proyecto superador como el que sugerimos. No se puede mirar para otro lado ni seguir con la hipocresía. Hay que empezar a cerrar puertas (estas no son las únicas) a los aventureros y ladrones. Esto se ha transformado en tema de abordaje excluyente: nos resignamos a un país que persiste en su deriva marginal; o nos ponemos de pie para que recupere sus valores y pueda forjarse un destino de digna prosperidad.


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